sea para evidenciar la efectiva prestación de un servicio, la recepción de un bien o la construcción de una obra; incluso, para evidenciar en debida forma lo contrario, respetando el debido proceso y las disposiciones legales.
En el control de legalidad, objetividad y veracidad de las responsabilidades predeterminadas por la Contraloría General del Estado; y, establecimiento de estrategias administrativas de defensa para buscar su justificación en instancias administrativas.
Garantizando la ejecución del mismo en conformidad con las disposiciones legales, minimizando riesgos legales a los que está expuesto; y, velando por el oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes.
Cuando el SRI hace notificaciones informativas, persuasivas o incluso determina sanciones, nosotros actuamos realizando el control de legalidad, objetividad y veracidad de estas; y, establecemos estrategias administrativas de defensa para buscar su justificación.
Cuando presumen que ha existido malversación de recursos pero por temas de reputación las autoridades no desean interponer la denuncia ante la fiscalía sino resolver el tema en privado.
Participo cuando los abogados lo requieren en la investigación, recopilación de información y elaboración de informes periciales para instancias civil y penal (posible privación de libertad).
Cuando se disuelve una sociedad conyugal o se termina una Unión de Hecho, consiste en elaborar un estado de situación de activos y pasivos que evidencie los derechos y obligaciones de las partes involucradas, determinando qué y en qué proporción le corresponde a cada persona.
Cuando a una persona le confías la administración de recursos pero no te ha demostrado qué ha hecho con ellos, cómo los utilizó y si se cumplió el objeto por el cual se entregaron, entonces por medio del juicio se busca obtener explicaciones y ver si no se desviaron los recursos.
Se genera cuando una persona particular que se desempeña como Gerente, empleado o trabajador, abusa o distrae recursos que le fueron confiados para su administración, pero que les dio un uso personal que no estuvo autorizado y para el que no le contrataron.
Es cuando en contra de un servidor público la Contraloría determina un indicio de responsabilidad Penal, entonces actuamos re auditando el informe para determinar si es objetivo y real el supuesto delito, lo mismo hacemos en los JUICIOS DE PECUALDO. Nota importante: Varias veces hemos demostrado que los auditores de contraloría han cometido unos errores garrafales en sus informes, por eso es de vital importancia siempre alguien independiente y con la experiencia del caso, vuelva a re auditar el informe.
Con nuestra intervención en materia penal, HEMOS EVITADO LA CÁRCEL A MUCHAS PERSONAS INOCENTES, QUE SIENDO VÍCTIMAS DE UN INFORME SEGADO, O HECHO POR ALGUIEN QUE NO TIENE LA SUFICIENTE EXPERTIS, PODRÍAN TERMINAR PAGANDO CONDENAS INJUSTAS.
